Las autoridades españolas dicen que el software espía Pegasus, que solo está disponible para las agencias gubernamentales, fue atacado por los teléfonos celulares del primer ministro y el ministro de defensa el año pasado en una medida no aprobada por el gobierno.
MADRID – Los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y del ministro de Defensa fueron atacados por el software espía Pegasus el año pasado, dijeron funcionarios españoles el lunes, por lo que solo está disponible para las agencias gubernamentales con operaciones no autorizadas.
El teléfono móvil del primer ministro Pedro Sánchez fue pirateado dos veces en mayo de 2021, y el dispositivo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fue atacado una vez el próximo mes, dijo el presidente Félix Poloños en una conferencia de prensa de emergencia el lunes.
Se obtuvieron cantidades sustanciales de datos como resultado de las violaciones, y los informes que describen la piratería informática se transfirieron a la Audiencia Nacional española para una mayor investigación, dijo.
«No tenemos ninguna duda de que esta es una intervención ilegal y no autorizada», dijo Polonos. “Proviene de organismos fuera del estado y no tiene reconocimiento judicial”.
Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad afiliado a una universidad, dice que el gobierno liderado por los socialistas españoles está bajo presión para explicar por qué los teléfonos celulares de decenas de personas asociadas con el movimiento separatista en la región nororiental de Cataluña se vieron afectados por Pegasus entre 2017 y 2020. De Toronto.
Las revelaciones se dirigieron al software de dos empresas israelíes, Candiru y NSO Group, un desarrollador de Pegasus, e involucraron al menos a 65 personas, incluidos funcionarios selectos, abogados y activistas.
El software espía se infiltra silenciosamente para recopilar datos en teléfonos u otros dispositivos y espiar a sus propietarios.
El gobierno regional catalán acusó al Centro Nacional de Inteligencia de España o CNI de espiar a los separatistas y anunció que las relaciones con las autoridades nacionales serían «suspendidas» hasta que se dieran explicaciones completas y los responsables fueran sancionados.
El Partido Popular Conservador, o PP, estuvo en el poder en 2017, y cuando los separatistas catalanes declararon la independencia tras un referéndum no oficial, no se tomó ninguna medida para implementar la declaración. El PP estuvo en el poder hasta mediados de 2018, cuando fue derrocado por Sánchez en una votación parlamentaria.
ERC, el principal partido político de Cataluña y aliado clave del Gobierno, ha pedido la dimisión del ministro de Defensa Robles. Pero el escándalo de espionaje los ha expuesto a las presiones de separatistas más radicales, que han pedido que se suspenda el apoyo de Sánchez a la coalición de centro-izquierda en el parlamento nacional.
El gobierno federal ha tratado de aliviar sus preocupaciones a través de promesas de total transparencia, anuncios de planes para una investigación interna sobre la inteligencia del país y una investigación separada por parte del Defensor del Pueblo español.
También se ha creado una comisión parlamentaria especial sobre secretos de Estado, y se espera que el jefe de la CNI sea interrogado por los legisladores este fin de semana, aunque aún no se han hecho públicos los debates sobre cuestiones de seguridad del Estado.
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