El equipo negociador del gobierno español y sus socios han ultimado un proyecto de ley de amnistía que allanaría el camino para que el actual primer ministro, Pedro Sánchez, busque un nuevo mandato tras las elecciones no concluyentes de julio.
Según los términos del acuerdo con el partido separatista catalán Jundz, su líder Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica tras un intento fallido de secesión en 2017, se beneficiará de la amnistía, junto con miles de personas que participaron en el intento de secesión ilegal. A cambio, los siete legisladores de Junts en el parlamento español votarán a favor del referéndum de destitución de Sánchez, que se espera tenga lugar esta semana.
Si no hay más sorpresas, el plan del gobierno es presentar un proyecto de ley de amnistía al Congreso el lunes. La idea original era hacerlo el 3 de noviembre, pero el proyecto se retrasó 10 días más por las dificultades para concluir las negociaciones con Juntz. El proyecto de ley contará con el apoyo del propio Partido Socialista (PSOE) de Sánchez, la coalición de izquierda Sumer y un conjunto de grupos regionales más pequeños: los partidos separatistas catalanes Junts y Izquierda Republicana Catalana (ERC), el moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), el partido vasco de izquierdas Bild y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG).
Una vez presentado, el acuerdo pondrá en marcha el mecanismo de inversión y Sánchez se someterá a una sesión parlamentaria de dos días que culminará con una votación, en la que espera ganar los 176 escaños necesarios para formar un gobierno. Se espera que la sesión tenga lugar el miércoles y jueves, lo que significa que Sánchez prestará juramento oficialmente como nuevo presidente del Gobierno de España el jueves 16 de noviembre, 11 días antes de la fecha límite constitucional para que los representantes disuelvan el Congreso y convoquen nuevas elecciones.
El órgano rector del Congreso tiene previsto reunirse el martes, lo que podría ordenar que el debate sobre inversiones comience el miércoles después de pasar por un paso de procedimiento que requeriría que el proyecto de ley esté legalmente «calificado» antes de que pueda pasar a la junta. Un informe negativo del departamento jurídico de la cámara baja podría derrotar el proyecto de ley, aunque es teóricamente poco probable. De hecho, esto sucedió en 2021 con el proyecto de ley de amnistía presentado por los partidos separatistas.
Los socialistas insisten en que es completamente diferente a este proyecto de ley porque cuestiona la actuación de la justicia, lo que es inconstitucional, aseguran fuentes del PSOE, algo que no está en el actual proyecto de ley, expertos jurídicos para velar por el cumplimiento de las leyes constitucionales españolas. Se espera que el principal partido opositor, el Partido Popular (PP), intente bloquear la aprobación del proyecto de ley por parte de la junta, pero el PSOE tiene el control del organismo y confía en que el proceso se desarrollará según lo planeado.
A pesar del rechazo social generalizado, que ha provocado varias protestas en toda España (la última y mayor tuvo lugar el domingo pasado), el gobierno considera que una vez que la redacción del proyecto de ley se haga de conocimiento público, especialmente después del regreso de Sánchez al cargo. La marea de la opinión pública se inclinará a su favor. Por ahora, las conversaciones han generado rechazo no sólo entre sectores conservadores, sino también entre algunos progresistas, que acusan al PSOE de adoptar la narrativa separatista del impulso independentista y hacerla suya.
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